HACIA UN ESTADO MÁS EFICIENTE Y COMPETITIVO

Por: Héctor Vergara Sierra

En un estudio realizado por Confecámaras en el año 2016, se estimó que la tasa de supervivencia en Colombia para los nuevos emprendimientos se aproximaba al 30%. Esta cifra coloca ante un panorama complicado las instituciones reguladoras y competentes en esta materia, que se ven congestionadas por el 70% de emprendedores cuyas iniciativas no alcanzan el éxito y no logran desarticularse con rapidez ante la ley.

Con el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, más conocida como OCDE, el Estado contrajo ciertas responsabilidades y deberes con el uso de buenas prácticas que fomenten el crecimiento de la economía. Dentro de este marco, la creación de empresas pasa a jugar un rol fundamental dentro de las dinámicas económicas del país, pero esta nueva realidad choca con vicios que se vienen arrastrando desde la creación del mecanismo de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), por citar un ejemplo.

La SAS fueron reglamentadas en el año 2008 para proporcionarle más celeridad a la creación de proyectos de emprendimiento, pero actualmente la disolución de las mismas se ha convertido en un dolor de cabeza para los colombianos que al tomar la decisión de ponerle fin a esos proyectos tienen que enfrentarse ante un aparato burocrático gigante y congestionado que en consecuencia es ineficiente, con lo cual se restringe el surgimiento de nuevos emprendimientos y se contribuye necesariamente a una desaceleración de la economía nacional por la pérdida de productividad que esto ocasiona.

Nuestro país está largamente rezagado en cuanto al desarrollo de mecanismos acordes a la era digital para la creación y disolución de sociedades. Países como Nueva Zelanda han logrado escalar su economía gracias a medidas que han permitido que el proceso de creación y disolución de empresas sea llevado a cabo en línea en su totalidad y con pagos mínimos para formalizar los proyectos. En EE.UU y Canadá estos procesos son rápidamente surtidos gracias a los mecanismos digitales que existen a disposición de los emprendedores y lo económico que resulta siendo el proceso. Chile, uno de nuestros socios de la Alianza del Pacífico, ha extendido estos procesos simplificados hasta los inversionistas extranjeros permitiéndoles ejecutar estos procesos casi en su totalidad en línea, lo cual le ha permitido ser una de las economías emergentes con mayor estabilidad y mejores rendimientos en el continente.

Ante este escenario, es absolutamente necesario avanzar en la modernización de estos procesos para simplificarlos y abreviarlos. Los beneficios de ello se verían reflejados en asuntos como tasas de formalización laboral, crecimiento de la economía, eficiencia de las entidades públicas, mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones, entre otros. La confianza ciudadana en las instituciones es un aspecto de vital importancia para el fortalecimiento de la seguridad social, económica y material de los colombianos; que necesitan ver en las entidades públicas organismos facilitadores de la vida en sociedad y en las leyes la protección de sus derechos.

A través de iniciativas orientadas en ese mismo sentido modernizador, como el Proyecto de Ley 137 de 2018 de mi autoría radicado en la Cámara de Representantes, se abre un panorama de posibilidades para el país en cuanto este mecanismo contribuirá a cumplir con muchos desafíos en materia social y económica, lo cual facilitaría la adaptación de Colombia a la globalización que demanda una alta competitividad de las economías emergentes como la nuestra para lograr satisfacer de forma eficiente las necesidades de los ciudadanos.

Estas medidas favorecerán primordialmente a las pequeñas y medianas empresas que son elementos con una función crítica en el sostenimiento del PIB del país y fortalecimiento de la clase media. Así también estas funcionan como un mecanismo de movilidad social que ayuda a disminuir las tasas de pobreza que hoy azotan a nuestra Nación.