LA PARADOJA DEL GAS DOMICILIARIO

Por Héctor Vergara Sierra

La discusión acerca de cómo se está llevando a cabo la extracción minera en Colombia es un tema que ha cobrado pertinencia debido a las posiciones acerca de la responsabilidad ambiental y con miras al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Adicionalmente, otra discusión que va ligada a la anterior es la de la responsabilidad social que tienen las empresas que se dedican a la extracción de recursos naturales no renovables con respecto a los territorios donde ejercen dicha extracción. La constitución Política de Colombia establece en su artículo 334 que el Estado debe intervenir en la explotación de los recursos naturales no renovables para racionalizar la economía con el fin de mejorar, en el plano nacional y territorial, la calidad de vida de sus habitantes. Esto quiere decir que el Estado en articulación con las empresas de extracción de recursos y con el beneficio de las utilidades que estas aportan a las finanzas de la nación, velará porque sean los territorios los que se beneficien prioritariamente con programas sociales o inversión en servicios públicos. Una de las grandes paradojas que enfrenta el país en la actualidad es la triste realidad de que aquellas regiones con mayor riqueza en recursos naturales, y que por esto están situadas las más importantes actividades mineras, son las regiones en donde más se refleja la pobreza y la falta de servicios básicos domiciliarios.

El Ministerio de Minas y Energía cuenta con dos entidades adscritas encargadas de celebrar y fiscalizar contratos de concesión y convenios de extracción, estas son la Agencia Nacional de Minería, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos; esta última encargada específicamente de los contratos acerca de la extracción de petróleo y gas. Dentro de los procesos de contratación se contempla la figura de los Planes de Gestión Social (PGS), los cuales tratan de compromisos adquiridos por las empresas titulares que consisten en desarrollar y facilitar proyectos de impacto social que mejoren la calidad de vida de aquellos territorios en los cuales se lleva a cabo la extracción. Se esperaría que con la implementación de estos planes los resultados de la realización de programas sociales fueran significativos con respecto a la mejora de la calidad de vida de las comunidades, principalmente al acceso a servicios públicos, ya que la brecha acerca de la cobertura de estos servicios es considerable. La evidencia demuestra que los planes no están causando el impacto que deberían, ya que los proyectos no son pertinentes ni prioritarios y no se ocupan de las necesidades básicas de las comunidades.

Para garantizar que estos planes se ocupen del desarrollo de proyectos prioritarios en nuestros territorios que faciliten la gasificación de aquellas localidades rurales que hacen parte de las zonas de influencia donde se desarrolla la explotación y/o transporte de recursos naturales no renovables, que constituyan la base para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en los próximos días radicaré un Proyecto de Ley reglamentario y regulatorio que priorice la ampliación de la cobertura de dichos servicios en los planes de gestión social. Es pertinente hacer la salvedad que este proyecto no pretende convertirse en un obstáculo para los titulares mineros que operan a lo largo del territorio nacional, al contrario, tiene como finalidad reorganizar el proceso de planeación usado por las empresas a través de los planes de gestión social, a fin de generar una estrategia a corto y largo plazo que permita darle manejo a las crisis sociales ligadas a la ejecución de proyectos mineros, garantizando que el aprovechamiento de los recursos naturales propenda por el máximo beneficio posible a las comunidades.