REGALÍAS: RECURSOS SAGRADOS

Por: Héctor Vergara Sierra

La inversión en zonas locales ha ido tomando preponderancia dentro de las nociones de la globalización alrededor del mundo como eje fundamental del desarrollo desde hace varias décadas, donde el rol del Estado ya no se limita solo a la tarea de corregir las distorsiones en los mercados para que el crecimiento económico marque la ruta del progreso, sino que incluye el financiar la inversión descentralizada con el objeto de cumplir en su labor como garante en materia de derechos fundamentales. En este mismo sentido se enmarca una lógica institucional, que responde a las nuevas reglas de juego establecidas por el surgimiento del Estado Social de Derecho, donde el ciudadano se convierte en el centro de la acción de todo el aparato institucional que soporta el pacto social, buscando eliminar los “costos de transacción” para el acceso a bienes públicos tales como los servicios de salud, educación, saneamiento básico y otros.

El Sistema General de Regalías nace precisamente como un mecanismo para facilitar el retorno de los recursos provenientes de la industria extractiva a los entes territoriales para propiciar la inversión en proyectos de desarrollo para los mismos. En principio, estas transferencias deberían tener por finalidad satisfacer necesidades surgidas del clamor social de gozar de servicios básicos como salud, educación, saneamiento y otros; que son también bienes públicos y derechos de la ciudadanía. Sin embargo, las regalías se han caracterizado por una alta ineficiencia por cuanto son diluidas en iniciativas poco efectivas y que en muchos casos se agotan en estudios previos que nunca llegan a materializare en bienes para la ciudadanía.

Este problema de ineficiencia se agudiza en la medida que este sistema no compromete a las autoridades locales a hacer los máximos esfuerzos fiscales para generar fondos de inversión en los territorios. Por el contrario, se ha generado una paradoja: las transferencias representan capital para las arcas territoriales, pero a su vez generan ineficiencia administrativa. Esta lógica fue bien descrita por Salomón Kalmanovitz quien en alguno de sus escritos afirmó que la separación de la tributación y el gasto producida por las transferencias ha endurecido a los contribuyentes, quienes asumen que a través de la tributación están financiando la corrupción y derroche de las administraciones locales; lo cual genera distorsiones en el recaudo.

La anterior situación la explica claramente la alcahuetería institucional que se ha generado a partir de no establecer reglas claras que pongan en cintura a las administraciones locales en cuanto al uso de los recursos transferidos a través del Sistema General de Regalías, al no fomentar el uso responsable de estos sino la dilución de los mismos en actividades improductivas e ineficientes que se acomodan al lucro de los funcionarios de las administraciones generando focos de corrupción.

Ante la Cámara de Representantes, radiqué el Proyecto de Acto Legislativo 110 de 2018, que busca llevar este sistema de un estadio ineficiente e intransigente para el desarrollo de los territorios a uno donde el servicio y la inversión en la ciudadanía sean la norma. Se necesita un trabajo mancomunado y mucho más comprometido de los entes que evalúan el uso de estas transferencias, como el Departamento Nacional de Planeación, con órganos locales de control para garantizar el retorno efectivo de estos recursos de regalías a las comunidades que en muchas ocasiones ven sacrificado su bienestar por causa de las actividades extractivas. Es imperativo que las administraciones y autoridades locales gobiernen responsablemente sobre las finanzas públicas para no incurrir en derroches que generen desconfianza al interior de la ciudadanía.